A casi 17 años vale la pena releerla completa. No hay sorpresas en ella, ni golpes bajos. Hay sí un mandato de memoria y justicia para todos los militantes populares: "... las huellas no se borran, son indelebles. Ellas permitirán un día no sólo revelar plenamente la crónica del horror, sino también someter a sus protagonistas y a los que pretenden borrar impunemente aquellas huellas al juicio cierto que palpita en la base de la memoria y la experiencia colectiva.
REUTEMANN
TIENE PREDILECCION POR LOS GENOCIDAS
EL país
Un típico represor generado por la dictadura militar, el teniente coronel (RE.) Rodolfo Riegé, es hoy subsecretario de seguridad Publica de Santa Fe
No voy a hurgar expedientes, no tengo por qué hacerlo", respondió el actual ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Jaime Belfer, cuando un periodista le preguntó “si estaba dispuesto a conocer las acciones judiciales que involucrarían a la policía durante la gestión de Riegé".
El diálogo, trascripto en El Matutino de Santa Fe en su edición del 12 de diciembre último, fue consecuencia de las reacciones que se produjeron en los ámbitos políticos y sociales provinciales por la designación del teniente coronel (R.E) Rodolfo Riegé en su cargo de subsecretario de Seguridad Publica del gabinete del gobernador Carlos Reutemann.
La designación produjo severas respuestas en dirigencias políticas, habitualmente indiferentes ante la tragedia vivida en el país durante la ultima dictadura militar, y ello puede suplicarse porque dirigentes peronistas de antigua militancia fueron testigos del accionar en Rosario del jefe militar, en los años del terror.
Días antes de la designación, Jorge Lelli -candidato a senador por uno de los sublemas del justicialismo en las ultimas elecciones- declaró, y su versión fue recogida por medios locales y nacionales, que el 11 de septiembre de 1981 había tenido que sacar de Rosario en el baúl de su automóvil al actual presidente Menem, para evitar su detención por parte de la policía local, cuyo jefe era entonces el teniente coronel Riegé.
En igual sentido se manifestaron el diputado provincial Rubén Dunda y su colega nacional Oscar Lamberto, e inclusive el bloque de diputados justicialistas que, en forma unánime expresó su “profundo malestar" por la designación de Riegé y encomendó al presidente de la Cámara, Carlos Bermúdez para que transmita ese mensaje a Reutemann".
Por otra parle el diputado radical Santiago Mascheroni presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja propiciando que se soliciten informes a distintos organismos de derechos humanos, incluyendo la subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre la actuación del coronel Riegé en el periodo 1976/91. Al fundamentar su iniciativa el citado diputado recordó que el nombramiento de Riego motivó "...la preocupación de hombres y mujeres de todo el espectro político".
Organismos de Derechos Humanos de Rosario y Santa Fe no escatimaron criticas por la presencia del militar en las más altas responsabilidades políticas de la provincia cubriendo el área de seguridad pública, en la cual se había desempeñado durante el último gobierno militar
En efecto, durante al Mundial 78 cumplió tareas de asesoramiento “técnico y de seguridad", según declaró en un medio local expresando que "Desempeñé tareas exclusivamente relacionadas con la parte técnica de la segundad, el cultivo del pasto (sic), la guarda de las delegaciones.
Es particularmente llamativo que en esas funciones se haya desempeñado durante un periodo de "alrededor de ocho meses" de acuerdo con sus propias declaraciones.
En diciembre de 1979 regresó a Rosario como jefe de la Unidad Regional II con asiento en la jefatura de policía que fue sede de un Centro Clandestino de Detención (CCD) registrado con el número 256 en la investigación realizada por la CONADEP y publicada en el libro “Nunca Más". En este centro actuó un antecesor patéticamente recordado por su ferocidad que declaraba "dialogar sólo con plomo": el comandante de Gendarmería Agustín Feced.
La misión del teniente coronel Riegé se prolongó hasta diciembre de 1982 y en ese periodo continuaron las aberrantes prácticas que caracterizaron las acciones perpetradas por la última dictadura militar. Como parte de las estrategias aplicadas se controlaron las expresiones populares que durante el gobierno del general Viola comenzaron a concretarse. Actos políticos realizados en el ámbito provincial terminaron con cientos de sus participantes detenidos (Julio 1981); violenta represión en el acto organizado por la CGT, el 1 de mayo del 82, durante el comienzo de la aventura de Las Malvinas; agresión con gases y bastones a los manifestantes que participaban en la “Marcha por la Vida" (octubre 1982), persecución a adherentes de los organismos de Derechos Humanos; privaciones ilegitimas de la libertad y tormentos aplicados a detenidos.
Algunos de estos hechos permanecen en la memoria de las victimas y en la de los militantes populares, otros fueron denunciados a la justicia. Así se registraron 41 presentaciones en el Juzgado de Instrucción de la primera nominación en el período correspondiente a la actuación de Riegé el 21 de abril
de 1980, la muerte dudosa de Rafael Boyanovsky; el 23, la muerte de dos N.N. y la detención y violación de Nelida Zapata. Siguen las muertes dudosas de Bruno Martín (24 de abril), la de Manuel Fernández (7 de julio), Mauricio Vaingotz (22 de julio).
El mismo día una nueva muerte NN; dos días más tarde la de María Luisa Perdomo. En noviembre del año 1980 se registra la privación Ilegítima de la libertad y robo a Luis Cabañas, la muerte dudosa de Guillermo Grant, la de José Herminio Bergas y la de Roberto Francisco Janón.
En marzo de 1981, la muerte de Germán Aníbal Cuello, la de Oscar Omar Godoy y la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte dudosa de Juan Josa Hirsfeld, En junio del mismo año las muertes de Manuel Vicente Colazo, Ruperto Alberto Brito, Mario Rodolfo González y Carlos Oscar Figueroar
Desde enero hasta agosto de 1982, las muertes de Aída Troilo de Martini, Juan Alberto Cabrera, Angela Correa de Juárez, Horacia Mugabena, Gabriel Mercado, Julio Marcelo Machado, María Laura Ragazzo.
El retorno de Riegé tomo subsecretario de Seguridad Pública es hoy motivo de seria preocupación porque los métodos aplicados durante su gestión anterior -aunque atenuados- no han sido radicalmente suprimidos de la práctica corriente de la policía provincial- y, si entonces, el militar recientemente designado formó parte del aparato represor que desconocía los derechos individuales y sometía a todo tipo de vejámenes al pueblo, hay fundados motivos para pensar que no sólo carece de la aptitud democrática que la función reclama, sino que también no ofrece la garantía necesaria para que no se reiteren algunos de aquellos brutales procedimientos.
La seguridad de todos los ciudadanos de la provincia depende, pues, de la instrumentación que pueda establecer un militar que participó con una de las más altas responsabilidades -jefe de policía- de la cacería humana que la dictadura militar articuló en nombre de la “Doctrina de Seguridad Nacional" y que asoló al país entre 1976 y 1983.
Resulta particularmente ingrato verificar el retorno de los ejecutores de esta política abyecta en los cuadros de conducción de los gobiernos elegidos por el pueblo. En Santa Fe la sorpresa de la designación de Riegé se diluyó porque otros funcionarios de la última dictadura militar también fueron convocados por el ex fórmula 1 Carlos Reutemann, para administrar la provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas, contador Juan Carlos Mercier, desempeñó el mismo cargo en el último tramo de aquel gobierno.
Es evidente la existencia de la asociación “economía-seguridad” estrechamente sellada en un territorio que cuenta con importantes recursos materiales y una de las tasas de desempleo más altas del país -se traducen en miseria y marginación-, y en el que la política de los gobiernos es incapaz de definir un programa y un compromiso, no ya para los desposeídos sino para los diversos sectores productivos.
Esta situación resulta, además, un insulto para la memoria y el juicio histórico, con el agravante de que el actual intendente de Rosario avaló la designación de Riegé. En efecto, en su edición del 13 de diciembre, el diario La Capital de esta ciudad, publica la siguiente noticia: El intendente Héctor Caballero afirmo que la actuación que concretó Riegé en Rosario “es diferente de la que se está publicando en los diarios. A mi juicio, él fue quien desmanteló al aparato represivo existente...".
El intendente socialista cree que en la dictadura militar hubo dos etapas: una mala y otra buena. En la primera -según su opinión- se produjeron todas las atrocidades que sembraron de cadáveres el país, todas las atrocidades que cubrieron de espanto a miles de hogares todas las atrocidades que produjeron estupor en el mundo.
Es la etapa habría terminado -según cree el intendente de Rosario -el 19 de diciembre de 1979, fecha en que asumió sus funciones de jefe de policía, el teniente coronel Rodolfo Riegé.
La otra etapa, la buena -siempre en la opinión de Cavallero—, se prolonga hasta la renuncia del citado militar, el 29 de diciembre de 1982 y entre ambas fechas -tres años separan una de la otra- la Justicia fundamentaría el accionar de los genocidas.
Obviamente no fue así. En la dictadura no hubo dos períodos sino uno definido por [a homogeneidad de sus procedimientos y la coherencia de su ideología.
El teniente coronel Riegé cubrió el tiempo de borrar las huellas de los delitos cometidos. “La lucha armada está llegando a su fin. Quiero que se entienda bien, no está llegando a su fin el poner término a los excesos de la represión, lo que está llegando a su fin es la lucha armada contra elementos armados de la subversión", declaro Videla a la prensa extranjera.
Las "excesos" fueron la esencia del gobierno de la "reorganización nacional” y sus responsables fueron tan soberbios en el ejercicio totalitario del poder y el uso asesino de las armas como pusilánimes ante la inexorable sanción del pueblo y de la historia.
Pero las huellas no se borran, son indelebles.
Ellas permitirán un día no sólo revelar plenamente la crónica del horror, sino también someter a sus protagonistas y a los que pretenden borrar impunemente aquellas huellas al juicio cierto que palpita en la base de la memoria y la experiencia colectiva.
Ante ese juicio comparecerán los "Cavallero" y los Riegé. Conoceremos entonces, quizá, las razones por las cuales el intendente de Rosario ignora que el aparato represivo que Riegé convalidó en su funcionamiento no ha sido aún, en sentido estricto, desmantelado, pese a los reclamos que permanentemente efectúan los organismos de derechos humanos y que la militancia popular exige como condición inapelable para intentar el establecimiento de la Justicia, en una sociedad cuyos diligentes no la reclaman.
Es claro desde ya que las limitaciones en el accionar de las bandas represivas a partir del pronunciamiento del 30 de octubre no ha impedido la permanencia de muchos de sus actores -disfrazados o encubiertos con las telas de la democracia- en las más encumbradas gestiones de gobierno y que esas bandas revalidan su pasado merced a la impunidad que les otorga el estado de derecho.
El retorno del pasado –Riegé, Mercier y otros a lo largo y ancho del país- debería sublevar a los “hombres dignos". De hecho no es así.
RUBÉN NARANJO
Rosario
Periódico de las
MADRES DE PLAZA DE MAYO
1992
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